No podemos avanzar atados por la LFT

En luchas recientes de la clase obrera nos hemos enfrentado al argumento de que la Ley Federal del Trabajo (LFT) es un instrumento que puede proteger los intereses de los trabajadores...si tan sólo es respetada. La llegada al poder de los populistas sólo ha reforzado estas ilusiones: el gobierno de Sheinbaum —y antes el de AMLO— se erige como un supuesto árbitro imparcial que, con la ley en sus manos, tomará el lado de los más desfavorecidos frente a los imperialistas y los grandes capitalistas mexicanos. Nada más alejado de la verdad. La misma experiencia reciente ha demostrado que la LFT ha sido utilizada para desmovilizar a los trabajadores y socavar sus luchas. En realidad, para avanzar los intereses de mineros, obreros automotrices, maestros y otros, es necesario quitarse la camisa de fuerza de la LFT.

La primera versión de la LFT surgió en la década de 1930, en medio de un estallido de luchas que chocaban contra el yugo imperialista del país. Los populistas, incluso antes de Lázaro Cárdenas, buscaron recargarse en las masas para mantener a raya al capital financiero extranjero. Sin embargo, la movilización de obreros y campesinos ponía en entredicho el régimen mismo de la burguesía mexicana, por lo que los populistas se vieron en la necesidad de tener un control más estrecho sobre las organizaciones de los trabajadores y reafirmar su dominio sobre la lucha antiimperialista. Ése fue el origen del corporativismo.

La LFT codifica el derecho a huelga, además de prestaciones como las vacaciones, las utilidades y el aguinaldo; éstos son logros de las luchas obreras que la burguesía mexicana se ha visto obligada a formalizar pero que muchas veces terminan siendo letra muerta. Está de más decir que es una obligación defender estas conquistas contra los ataques derechistas. Pero la ley también fija las razones y el procedimiento para llevar a cabo una huelga e impone el arbitraje obligatorio —la intervención del estado para dirimir un conflicto entre los trabajadores y la patronal—. Es decir, establece un marco legal para regimentar las luchas de la clase obrera. El propósito de la LFT fue desde un inicio contener el ímpetu de los trabajadores, encadenar los sindicatos al estado y reforzar las ilusiones de que éste, a través de la Secretaría del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje o los tribunales laborales, podía ser usado para defender las huelgas y avanzar los intereses de los obreros frente a los patrones. De manera fundamental, adormece a los trabajadores con la fantasía de que la defensa de sus derechos pasa por plegarse ante la LFT en vez de por la movilización de sus fuerzas.

La reciente reforma de AMLO de 2019 se montó en las legítimas aspiraciones de los militantes sindicales por la democratización de sus organizaciones. Muchos trabajadores voltearon a ella como un instrumento que podía ser usado para deshacerse de los gánsteres corruptos que estaban al frente de sus sindicatos. Sin embargo, seis años después no mucho ha cambiado: la mayor parte de esos dirigentes siguen ahí. En manos de estas camarillas atadas al gobierno en turno, estas medidas —como el voto secreto por dirigentes o el plebiscito para decidir la huelga— siempre son usadas contra las bases. El objetivo real de la reforma era una intromisión cada vez mayor del estado en los sindicatos, regulando su vida interna y sus finanzas para asegurar su lealtad a los populistas. Cuando sí han surgido luchas contra las anquilosadas burocracias, el gobierno ha promovido la creación de una miríada de sindicatos en un mismo centro de trabajo, lo que debilita y atomiza a los trabajadores.

Esta reforma se ajusta además al capítulo laboral del T-MEC —el principal instrumento para la subordinación de México—, que permite la intervención imperialista en los sindicatos cuando existen denuncias de violaciones a los derechos laborales. La injerencia de páneles de controversia extranjeros en los sindicatos mexicanos —como sucedió en 2021 en la planta de General Motors de Silao— no es una buena noticia para los trabajadores ni para la nación mexicana: su intención no es avanzar la democratización de las organizaciones obreras, sino reforzar el yugo imperialista sobre el país semicolonial, garantizar sus inversiones y atacar cualquier resistencia a su saqueo. No vale la pena atar el destino del movimiento obrero a los dictados imperialistas con tal de deshacerse de tal o cual burócrata charro. ¡Son los trabajadores los que deben limpiar su propia casa! Como explicó Trotsky, la democracia sindical “presupone para su realización la independencia total de los sindicatos del estado imperialista o colonial” (“Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista”, 1940). Sin esta independencia a lo más que se aspira es a sustituir a una burocracia entreguista por otra.

Ante la actual ofensiva de Trump, se hacen cada vez más necesarias luchas defensivas de los trabajadores para pararle la mano a los imperialistas: contra los paros técnicos y los cierres de fábricas, contra los recortes salariales y los despidos, por mejores condiciones de vida y de trabajo. Pero estas luchas no están sucediendo porque las actuales direcciones sindicales comparten el mismo programa populista de conciliación a los imperialistas. A los obreros de ArcelorMittal y a los trabajadores automotrices de Volkswagen se les dice que hay que buscar el justo medio con los patrones para no espantar la inversión imperialista y quedarse sin su fuente de trabajo. A los maestros de Chapingo y del IEMS se les dice que no hay presupuesto, que hay que ajustarse a la austeridad republicana diseñada en EE.UU. y aceptar topes salariales raquíticos. A todos se les dice que deben subordinar sus luchas al esfuerzo populista por sacar al país adelante en estos turbulentos tiempos. Y a cada paso, las direcciones sindicales han invocado la LFT como el pretexto para desarmar a los obreros, previniendo huelgas sólidas, y desviando el descontento de los trabajadores hacia la confianza en los populistas. ¿Extender la huelga de la CNTE contra las Afores a otros sindicatos? “La LFT no lo permite”. ¿Movilizarnos para asegurar nuestras utilidades o evitar un cierre patronal? “No es necesario, un juez nos dará la razón”. Las sobrecargos de ASSA votaron mayoritariamente por la huelga. “Mejor prorrogar, porque no hay autoridades que validen la suspensión de actividades”. Los trabajadores se convierten en rehenes de abogados y dirigentes traidores. ¡BASTA!

En su huelga del año pasado, los mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entendían que su lucha no cumplía con cada requerimiento de la LFT, pero sabedores de su enorme poder social nos decían: “nosotros hacemos esta huelga legal”. A esto renuncian las dirigencias sindicales al abrazar el marco que les impone la LFT: deponen las armas a su disposición y le dejan al estado la capacidad de determinar qué huelga es legal y cómo debe ser conducida, asegurándose de que los trabajadores no irrumpan de manera independiente en lucha por sus reivindicaciones. Por supuesto, esto no quiere decir que desafiar la LFT necesariamente implique un rompimiento con las ilusiones en el populismo. Pero los trabajadores deben comenzar por asimilar que para defender sus condiciones de trabajo y de vida deben confiar en sus propias fuerzas. Nuestra oposición a la LFT tiene como base la perspectiva de forjar una dirección de lucha de clases dentro de los sindicatos, que combata por transformar a éstos en herramientas del proletariado en su conjunto. ¡Por direcciones revolucionarias de los sindicatos!