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Un escándalo por desvío de fondos públicos y desfalco ha provocado una grave crisis política en Paraguay. Todo comenzó cuando el Banco Central intervino en Ueno Bank y congeló sus recursos por insolvencia, dejando a tres millones de usuarios sin acceso a sus cuentas, y quedando comprometidos recursos públicos y fondos de jubilaciones. A raíz de esto, estallaron protestas masivas en Asunción y otras ciudades, incluyendo manifestaciones frente al Congreso que fueron reprimidas por la policía. El presidente Santiago Peña fue destituido el 6 de noviembre y arrestado un día después acusado de lesión de confianza y administración en provecho propio (enriquecimiento ilícito).

Ueno creció al amparo de la presidencia de Peña, quien fue hasta 2025 accionista del grupo empresarial que controlaba el banco. Su gobierno depositó en Ueno una enorme cantidad de fondos de organismos estatales, entre ellos el cuerpo de bomberos, la compañía estatal de electricidad, el Instituto de Previsión Social (IPS) —que maneja la salud y las jubilaciones—, y los recursos de compensación de la presa Itaipú —que constituyen una gran parte del programa Hambre Cero—. Al momento del desplome, cinco billones de guaraníes del estado se quedaron en el aire, lo más seguro sin posibilidad de recuperarse.

Lo que precipitó el escándalo fue una disputa al interior del partido gobernante, la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, entre Horacio Cartes —el mafioso cacique dueño de la mitad de Paraguay y líder del partido— y el presidente Peña. En las elecciones de octubre pasado, aunque ganó un récord de 187 intendencias, la ANR perdió Asunción y no pudo recuperar Ciudad del Este, las dos ciudades más importantes del país. Los perdedores eran candidatos de Cartes. Peña vio una oportunidad para desbancarlo e incluso se atrevió a pedirle que se hiciera a un lado. Cartes contraatacó destapando el caso de Ueno y alineando al partido contra Peña. Fue por ello que el Congreso, de mayoría colorada, lo destituyó y puso en su lugar a Pedro Alliana.

EE.UU. felicitó al nuevo presidente y se comprometió a seguir “trabajando juntos”. Históricamente un sólido aliado de los imperialistas en la región, Paraguay se ha sumado a la cruzada derechista estadounidense en América Latina —forma parte del Escudo de las Américas, respalda a Israel y reconoce a Taiwán—. Además, sus gobiernos han abierto aún más el país para el saqueo de tierras raras y energía y para la construcción de centros de datos, entre otras cosas. La burguesía paraguaya está atada por miles de lazos al capital financiero internacional, principalmente de Estados Unidos. Tan sólo este año, Ueno Bank, nominalmente de propiedad paraguaya, había recibido más de 500 millones de dólares de financiamiento de JP Morgan y Bank of America. Es de esperarse que los imperialistas intensifiquen la opresión del país, bajo la justificación de recuperar hasta el último dólar y más de los fondos del desfalco.

El gobierno ha intentado detener el descontento, con relativo éxito, afirmando que parte del dinero será devuelto con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El FGD está constituido por aportaciones estatales y de los bancos, aunque no provienen de sus groseras ganancias, sino de comisiones que le cargan a los usuarios. Al día de hoy, el gobierno ha devuelto sus depósitos, aunque con condiciones, a la mayoría de los pequeños cuentahabientes. Pero el dinero del IPS no tiene ningún tipo de respaldo. Por donde se le vea, el robo colosal de Ueno dejará un gigantesco boquete en el presupuesto público, cuyo costo será echado en los hombros del pueblo.

Hasta ahora, el peso de las manifestaciones ha recaído en los jóvenes y los jubilados. La clase obrera organizada no ha entrado en escena en su propio nombre. La Mesa de Unidad Sindical, que aglutina a las principales centrales sindicales del país, ha exigido una investigación y sanciones para los responsables del colapso de Ueno, la recuperación de los fondos, un cambio en el gobierno que apunte contra la corrupción y la apertura de un diálogo para dar respuesta a la crisis. La CUT-A, integrante de la Mesa, propuso además que los recursos del FGD fueran repuestos por aportaciones extraordinarias de los bancos, sin agravio a los trabajadores y los usuarios. Pero, hasta ahora, la Mesa no ha movido un dedo para obtener nada de esto. Los maestros, uno de los sectores más afectados, llevaron a cabo un paro nacional el 9 de noviembre, demandando “la garantía y devolución total” de los fondos jubilatorios públicos, así como un reajuste salarial y más presupuesto para la educación en 2027. Sin embargo, el paro fue levantado esa misma tarde, tras un diálogo con el nuevo gobierno en el que éste les hizo varias promesas.

Paraguay es uno de esos países en el Sur Global donde no hay mucha tela de donde cortar, y en el que un empujoncito es suficiente para provocar un estallido. Sin embargo, hasta ahora la clase dominante paraguaya ha mantenido el control y la ANR continúa a la cabeza del gobierno. Es urgente que los obreros se movilicen en defensa del pueblo y de sus propias condiciones, de lo contrario se avecina una gran catástrofe. Los trabajadores y la población en general ya han perdido suficiente terreno frente al imperialismo yanqui y sus lacayos nacionales. ¡No más! Los sindicatos deben poner en marcha un plan real para que los grandes capitalistas nacionales y los imperialistas paguen por este desastre, incluyendo desde gravámenes a bancos y compañías de propiedad estadounidense hasta nacionalizaciones. Sólo así se podrán conseguir los recursos para asegurar la devolución del dinero robado y empezar a paliar las necesidades de la gente, incrementando sustancialmente los salarios e invirtiendo masivamente en educación, salud y vivienda.

Para avanzar en esta dirección, la izquierda necesita una estrategia antiimperialista que unifique la liberación social de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y las mujeres con la liberación del país del yugo imperialista. Sin una alternativa de izquierda, esta crisis será aprovechada por fuerzas como las que representa Miguel Prieto, admirador de Bukele y simpatizante del estado sionista, reforzando todavía más la mano de la derecha en el país. Pero construir un polo revolucionario sólo será posible luchando contra la perspectiva de las dirigencias sindicales que buscan canalizar el descontento hacia el diálogo con el gobierno. Esta política sólo ha traído desmoralización, atomización y desconfianza en sus propias organizaciones. De igual forma, hay que oponerse a que los distintos líderes sindicales pacten por separado a cambio de migajas o promesas, como pasó con los maestros. Es necesario movilizarse de manera conjunta contra el deterioro rampante de las condiciones de vida de todos y recuperar a los sindicatos como organizaciones de combate.

El movimiento obrero, la izquierda y todos aquellos que quieran luchar contra este atropello deben movilizarse en acciones de frente único que luchen por: ¡Liberación inmediata de los jóvenes detenidos en las protestas! ¡Ni un guaraní para rescatar a banqueros nacionales o extranjeros! ¡Abrir los libros contables de Ueno! ¡Basta de subordinación a EE.UU.!